TJUE y la ‘penuria’ social europea. Intervención médica en otro Estado.

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La Sentencia del TJUE de 08.10.2014 (ver aquí, en español) en materia de prestaciones de seguridad social a ciudadanos y el la posibilidad de opción entre distintos recibirla en un Estado Miembro del que no es nacional, resulta interesante. Como veremos es la primera vez que el Tribunal de Justicia de la Unión se pronuncia sobre la posible asistencia en un ciudadano de un Estado Miembro en otro Estado Miembro, debiendo satisfacerse los gastos ocasionados por el primero, cuando se produzca una situación de penuria económica y material en el país de origen.

Disposiciones estudiadas

Artículo 22, apartado 2, párrafo segundo  del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), con las modificaciones introducidas por el Reglamento (CE) nº 592/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 (DO L 177, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento nº 1408/71.

Cuestiones tratadas por la Sentencia del Tribunal de Justicia.

— Seguro de enfermedad

— Asistencia hospitalaria dispensada en otro Estado miembro

— Denegación de autorización previa

— Falta de medicamentos y de material sanitario de primera necesidad

Análisis

En virtud del Derecho de la Unión, un trabajador puede ser autorizado a desplazarse al territorio de otro Estado miembro para recibir allí asistencia médica apropiada a su estado de salud, y por tanto recibir allí las prestaciones necesarias, tal como si estuviera afiliado al sistema de la seguridad social de dicho Estado. Los gastos serían reembolsados por el Estado miembro de residencia.

Éste no puede denegar dicha autorización cuando la asistencia requerida por el trabajador figure entre las prestaciones cubiertas por su legislación y cuando no pueda serle dispensada oportunamente en su territorio a la vista de su estado de salud y de la probable evolución de su enfermedad.

La cuestión prejudicial procede de Rumania. La Sra. Petru, de nacionalidad rumana, padece una enfermedad vascular grave que, al empeorar, provocó su ingreso en un centro médico especializado de Timişoara (Rumanía). Las pruebas médicas a que fue sometida llevaron a tomar la decisión de practicarle una operación a corazón abierto. Mientras estuvo ingresada, la Sr. Petru comprobó que el citado centro carecía de medicamentos y de material clínico básico, y que el número de camas era insuficiente.

Por ello, teniendo en cuenta además la complejidad de la intervención quirúrgica a la que debía someterse, la Sra. Petru decidió ser intervenida en Alemania y solicitó a su Caja del seguro de enfermedad que corriera con los costes de dicha operación. Su solicitud fue denegada porque del informe del médico que la trató no se deducía que el servicio solicitado no pudiese prestarse en Rumania en un plazo razonable. El coste total de la intervención rondó los 18 000,00 euros, cantidad cuyo reembolso reclamó la Sra. Petru a las autoridades rumanas.

El Tribunalul Superior de Sibiu, Rumanía, que conoce del asunto, pide al Tribunal de Justicia que determine si una carencia generalizada de medicamentos y de material clínico básico es una situación en la que resulta imposible dispensar la asistencia médica necesaria en el Estado de residencia, de modo que, si un nacional de dicho Estado lo solicita, debe autorizársele a recibirla en otro Estado miembro con cargo al sistema de la seguridad social del Estado miembro de residencia.

A pesar de que ya existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia, ésta es la primera ocasión en la que la necesidad de recibir asistencia médica en otro Estado miembro respondería a la penuria de medios sufrida en el Estado de residencia.

El Tribunal de Justicia señala en su sentencia que el Derecho de la Unión establece dos requisitos acumulativos que, en caso de cumplirse, obligan a conceder la autorización previa de reembolso de los gastos médicos.

1. En primer lugar, la asistencia en cuestión debe figurar entre las prestaciones cubiertas por la normativa del Estado miembro en cuyo territorio resida el asegurado.

2. La asistencia que el asegurado tiene intención de recibir en el extranjero no debe poder dispensársele en el Estado miembro en el que reside, en el plazo normalmente necesario para recibir el tratamiento deseado, dados su estado de salud actual y la evolución de su enfermedad.

Por lo que respecta a este segundo requisito, el Tribunal de Justicia ha declarado que la autorización requerida no puede denegarse cuando no sea posible recibir en tiempo oportuno un tratamiento idéntico o que tenga el mismo grado de eficacia en el Estado en cuyo territorio resida el interesado. Para comprobar si es así, la institución competente debe tomar en consideración todas las circunstancias de cada caso concreto. Así pues, la carencia de medicamentos y de material clínico básico puede imposibilitar que se dispense en tiempo oportuno en el Estado miembro de residencia un tratamiento idéntico o que tenga el mismo grado de eficacia..

Como observa el Tribunal de Justicia, el Gobierno rumano señaló que la Sra. Petru tenía derecho a acudir a cualquier otro centro sanitario de Rumanía que dispusiera del equipamiento necesario para practicar la intervención requerida. Además, el informe del médico que trató a la demandante señalaba que la intervención debía practicarse en el plazo de tres meses. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional nacional debe comprobar si esa intervención no habría podido practicarse en ese plazo en otro centro hospitalario de Rumanía.

El Tribunal de Justicia concluye que la autorización de reembolso de gastos médicos realizados en el extranjero no puede denegarse cuando la carencia de medicamentos y de material clínico básico impida al asegurado recibir la asistencia hospitalaria requerida en tiempo oportuno en el Estado miembro de residencia. Y precisa que esta imposibilidad debe apreciarse tanto respecto del conjunto de los centros hospitalarios que puedan dispensar esa asistencia en dicho Estado miembro como del lapso de tiempo con que se cuenta para recibirla oportunamente.

Acerca de Manel

Magistrado con veinte años de experiencia en materia penal y Derecho de la Unión Europea.

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