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Reino Unido, juegan blancas y ganan.

  • Por:Manel
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En plena tormenta del Referendum en el Reino Unido sobre su permanencia en la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión en fecha 14 de junio de 2016, dictó sentencia en el asunto C-208/2014,  en la que dirimía extremos de trascendencia tales como la igualdad de trato en relación con el acceso a las prestaciones de seguridad social, el Derecho de residencia, y sobre la legislación nacional que deniega la concesión de determinados complementos familiares o de un crédito fiscal por hijo a cargo a los nacionales de los demás Estados miembros que no tengan derecho de residencia legal.

Pues bien, el Reglamento sobre la coordinación de los sistemas de la Seguridad Social  Reglamento (CE) n.º 883/2004 establece principios comunes que garantizan que las personas que ejercen su libertad de circulación y residencia dentro de la Unión Europea no se vean por ello perjudicadas por los diversos sistemas nacionales.

El principio de igualdad se plasma en este ámbito en la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad.

La Comisión Europea recibió numerosas quejas de ciudadanos de otros Estados miembros residentes en el Reino Unido, denunciando que las autoridades británicas competentes habían denegado sus solicitudes para obtener determinadas prestaciones sociales debido a que no tenían derecho de residencia en dicho Estado.

La Comisión interpuso un recurso por incumplimiento contra el Reino Unido por considerar que la legislación del mismo no se ajustaba  a lo dispuesto en el Reglamento, al exigir que los solicitantes de determinadas prestaciones sociales ―entre ellas, las prestaciones familiares de ayuda por menor a cargo y el crédito fiscal por menor a cargo,   objeto de ese asunto― residieran legalmente en su territorio. La Comisión estima que este requisito es discriminatorio y contrario al espíritu del citado Reglamento, que sólo tiene en cuenta la residencia habitual del solicitante.

Frente a estos argumentos, el Reino Unido alega que el Estado de acogida puede supeditar legítimamente la concesión de prestaciones sociales a ciudadanos de la Unión a que éstos cumplan los requisitos para disponer de un derecho de residencia en su territorio, que se establecen fundamentalmente en una Directiva de Unión, ( sobre la base de la Directiva 2004/38/CE.

Si bien admite el Reino Unido admite que el cumplimiento de los requisitos que dan derecho a las prestaciones sociales examinadas en el presente asunto es más fácil en el caso de los nacionales británicos (que  gozan por principio de un derecho de residencia en dicho Estado), sostiene que, en todo caso, la exigencia de residencia es una medida proporcionada para garantizar que las prestaciones se abonan a personas suficientemente integradas en el Reino Unido.

En su sentencia de 14.06.2016, el Tribunal de Justicia de la Unión desestima el recurso de la Comisión, recordando que el criterio de la residencia habitual, en el sentido del Reglamento, no es un requisito necesario para poder ser beneficiario de prestaciones, sino una «norma de conflicto» que tiene como finalidad evitar la aplicación simultánea de varias legislaciones nacionales e impedir que las personas que hayan ejercido su derecho de libre circulación se vean privadas de protección.

Según el Tribunal de Justicia, el Reglamento no instituye un régimen común de Seguridad Social, sino que deja subsistir regímenes nacionales distintos. Así pues, no determina los requisitos materiales para que exista el derecho a las prestaciones, ya que, en principio, corresponde a la legislación de cada Estado miembro determinar tales requisitos, entendiendo el Tribunal de Justicia que nada se opone a que la concesión de prestaciones sociales a ciudadanos de la Unión que no ejercen actividades económicas esté supeditada a la exigencia de que éstos cumplan los requisitos para gozar del derecho de residencia legal en el Estado miembro de acogida.

El Tribunal de Justicia parte de que el requisito del derecho de residencia en el Reino Unido genera una desigualdad, dado que los propios nacionales pueden cumplirlo más fácilmente que los nacionales de otros Estados miembros, pero sin embargo  considera que esa diferencia de trato puede estar justificada por un objetivo legítimo, como es la necesidad de salvaguardar las finanzas del Estado miembro de acogida, a condición de que no vaya más allá de lo que resulta necesario para alcanzar ese objetivo.

A este respecto, el Tribunal de Justicia observa que las autoridades nacionales comprueban la regularidad de la residencia con arreglo a las condiciones enunciadas en la Directiva sobre libre circulación de los ciudadanos. Por lo tanto, las autoridades británicas no llevan a cabo esta comprobación sistemáticamente respecto de cada solicitud, sino tan sólo en caso de duda. De ello resulta que el requisito no va allá de lo que resulta necesario para alcanzar el objetivo legítimo perseguido por el Reino Unido: la necesidad de salvaguardar sus finanzas.

Acerca de Manel

Magistrado con veinte años de experiencia en materia penal y Derecho de la Unión Europea.

Publicado en: Derecho de la Unión

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