La responsabilidad de los marketplaces en Directiva 2000/31

  • Por:Manel
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¿Qué es un negocio P2P? Estamos plataformas (o marketplace) Peer to Peer, es decir, de plataformas web que permiten las transacciones entre particulares. La idea que subyace es considerar la site como un mero lugar de encuentro entre oferta y demanda, como un lugar donde particulares pueden ir a realizar transacciones unos con otros, sin que el “dueño” del lugar (de la site) adquiera vinculación ni responsabilidad alguna (a priori). En estos casos, la plataforma actúa como un conector de oferta y demanda que antes no podían encontrarse y que gracias a internet pueden “conocerse” y contratar.

Desde un punto de vista legal, quizá sea la responsabilidad sobre el contenido la arista más compleja de abordar al enfrentarnos con esta nueva clase de “actores”. Estas plataformas (como eBay o airbnb)  reniegan de calificarse como intermediarios, basando precisamente su modelo en el hecho de no serlo. Jurídicamente, defienden, no son más que “albergadores de datos” que suministran (utilizando la terminología de la LSSICELey de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico-) una clase de “servicios de la sociedad de la información” como son los “servicios de alojamiento” (la Sentencia del Tribunal del Justicia de la Unión en el asunto L’Oréal v. eBay – [C-324/09] ya fijó en 2011 que “[…] un servicio en Internet que consiste en facilitar el contacto entre vendedores y compradores de productos tiene, en principio, la consideración de un servicio en el sentido de la Directiva 2000/31 […]”).

En principio, el prestar esta clase de servicios no hace que su régimen de responsabilidad sea distinto al de cualquier intermediario por internet (pensemos en una agencia de viajes online). La LSSICE y la normativa transversal tienen claro que se tendrá que cumplir con todo el marco jurídico aplicable a un prestador de servicios online respecto a sus usuarios: normativa de protección de datos, consumidores y usuarios, publicidad, actuación en concurrencia (LDC y LCD), Código civil en cuanto a Obligaciones y contratos, etc.

Ahora bien, aunque resulta claro que mientras los consumidores navegan por la site, la plataforma les debe considerar sus usuarios a efectos de la normativa anterior, nos encontramos con que esos mismos usuarios contratan con terceros (por ejemplo un consumidor con un propietario de una vivienda que también puede tener tal consideración), no siendo parte contractual el marketplace. Para este tipo de supuestos los arts. 12 a 15 de la Directiva 2000/31 sobre Comercio electrónico establece un régimen de “excepción” que como el Tribunal de Justicia ha señalado “pretenden restringir los casos en los que, conforme al Derecho nacional aplicable en la materia, puede generarse la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios de la sociedad de la información” [asuntos Google France y Google v. Louis Vuitton].

Es decir, los marketplace serán responsables a priori, al igual que cualquier otra empresa que actúe en internet, salvo cuando se encuentren en alguna de las situaciones que la Directiva sobre comercio electrónico define en sus arts. 12 a 15.

No resultando controvertido que aunque los marketplace no sean parte de las transacciones, almacenan datos facilitados por sus clientes en la memoria de su servidor (por ejemplo cuando el propietario de una vivienda abre una cuenta y proporciona datos sobre dicho alojamiento), se puede afirmar que nos encontramos en el supuesto del art. 14 de la Directiva, precepto que ha reproducido nuestro art. 16.1 LSSICE: “Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que […]”.

A la hora de analizar este precepto es obligado acudir a los pronunciamientos de la Sentencia del Tribunal de la Unión en el caso L’Oréal v. eBay, la cual nos recuerda que dicho art. 14 “debe interpretarse no sólo teniendo en cuenta su tenor sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forme parte”, y en este sentido se señala en el apartado 53 de las Conclusiones del Abogado General que “la finalidad de la Directiva 2000/31 consiste en promover la prestación de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico, tal y como aclara su exposición de motivos. Las limitaciones de responsabilidad previstas en los artículos 12, 13 y 14 de dicha Directiva persiguen permitir la prestación de servicios de la sociedad de la información sin el riesgo de responsabilidad legal que el prestador de los servicios no puede impedir de antemano sin perder la viabilidad económica y técnica del modelo de negocio”. Es decir en sentido negativo, no estaremos ante un “prestador intermediario” cuando el prestador del servicio, en lugar de limitarse a una prestación neutra de dicho servicio mediante un tratamiento meramente técnico y automático de los datos facilitados por sus clientes (Considerando 42 de la Directiva 2000/31), desempeña un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de tales datos.

Es decir, los marketplace que no realizan una actividad “neutral” no pueden acogerse a esta exención, que no opera automáticamente y sobre la que caso por caso se deberá decidir por parte de los órganos nacionales. Por ejemplo, la actuación deja de considerarse neutral cuando la plataforma optimiza la presentación de las ofertas de venta, cuando las promueve publicitándolas o cuando realiza un tratamiento de los datos “alojados”. En este caso  “cabe considerar que no ha ocupado una posición neutra entre el cliente vendedor correspondiente y los potenciales compradores, sino que ha desempeñado un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de los datos relativos a esas ofertas. De este modo y por lo que se refiere a esos datos, tal operador no puede acogerse a la excepción en materia de responsabilidad prevista por el artículo 14 de la Directiva 2000/31”.


f. R. F. Flores

 

Acerca de Manel

Magistrado con veinte años de experiencia en materia penal y Derecho de la Unión Europea.

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