CERRADO

La acción individual de responsabilidad contra los administradores como consecuencia del cierre de facto de la sociedad deudora.

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(Sobre la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2016. Recurso 2307/2013)

 

La Sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2016, (ponente el Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo), precisa los requisitos de la acción individual de responsabilidad para reclamar la indemnización del daño que supone para un acreedor el impago de sus créditos como consecuencia del cierre de facto de la sociedad deudora. Siguiendo la doctrina fijada en sentencias anteriores, considera que para imputar a los administradores el impago de una deuda social no basta el cierre de facto, sino que debe existir un incumplimiento nítido de un deber legal al que pueda anudarse de forma directa el impago de la deuda social, porque en otro caso se corre el riesgo de atribuir a los administradores la responsabilidad por el impago de las deudas sociales en caso de insolvencia de la compañía, cuando no es este el propósito de la ley.

 

Ello exige del acreedor un esfuerzo argumentativo sobre los hechos en que se funda la responsabilidad del administrador, si bien debe atribuirse a dicho administrador la carga de la prueba de los hechos respecto de los que tenga mayor facilidad probatoria. En el caso que resuelve la sentencia, el acreedor  razonó que el administrador no sólo cerró de hecho la empresa, sino que liquidó los activos sin que conste adónde fue a parar lo obtenido con ello. En este contexto, la prueba de la inexistencia de bienes y derechos o el destino de lo adquirido con la liquidación de los existentes corresponde al administrador y no puede imputarse al acreedor demandante, en aplicación de la regla de facilidad probatoria del art. 217.7 LEC. Frente a la dificultad del acreedor demandante de probar lo contrario (que había bienes y que fueron distraídos o liquidados sin que se destinara lo obtenido al pago de las deudas), dificultad agravada por el incumplimiento del administrador de sus deberes legales de llevar a cabo una correcta liquidación, con la información correspondiente sobre las operaciones de liquidación, el administrador tiene facilidad para probar lo ocurrido, pues se refiere a su ámbito de actuación.

 

La Sala estima el recurso extraordinario  por infracción procesal por entender que el tribunal de apelación aplicó incorrectamente las reglas de la carga de la prueba, y esta infracción resultó relevante, pues sobre la falta de prueba que imputó al acreedor fundó la inexistencia de nexo de causalidad entre el incumplimiento de los deberes legales de disolución y liquidación de la sociedad y el impago del crédito reclamado.

 

La Sala recuerda que la acción individual de responsabilidad presupone, en contraposición con la acción social de responsabilidad, la existencia de un daño directo al tercero (en este caso, acreedor) que la ejercita. En el supuesto que resuelve, la sociedad había cesado en su actividad en el año 2009 y durante el año anterior había demorado el pago de las deudas al acreedor demandante mediante la entrega de unos pagarés que vencían a final de año y que resultaron impagados. El administrador no ha procedido a la disolución de la sociedad ni a la liquidación de sus activos y la sociedad tenía cuatro vehículos susceptibles de ser embargados, por lo que, cuando menos, estos bienes debían haber sido liquidados, para hacer pago de las deudas sociales.

 

En este contexto, correspondía al administrador justificar que la disolución y liquidación ordenada de la sociedad no hubiera servido para pagar los créditos del demandante. En consecuencia, la sentencia estima la acción de responsabilidad y condena al administrador al pago del perjuicio sufrido por la demandada como consecuencia del cierre de hecho de la sociedad deudora y que, a falta de prueba en contrario, viene representado por el importe de los créditos que, como consecuencia de aquel ilícito orgánico, la demandante no pudo cobrar.

Acerca de Manel

Magistrado con veinte años de experiencia en materia penal y Derecho de la Unión Europea.

Publicado en: Derecho Mercantil

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