Detención de extranjeros en situación irregular #CJEU (Mahdi) .^

  • Por:Manel
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La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE – CJUE) C-146/14 PPU, de 05 junio de 2014 no ha dejado a nadie indiferente, por lo que resuelve y por la orientación por la que se decanta.

Efectivamente, las materias sobre las que se trata en la misma están de plena actualidad -así la detención y expulsión de extranjeros en situación irregular, o dicho de manera más políticamente correcta, de ‘el retorno de ciudadanos de terceros países (ajenos a la Unión Europea) que se encuentran en situación no regularizada’.

Se expone la posición del TJUE sobre la política de visados en el ámbito de la Unión, del derecho de asilo,la inmigración y en general políticas relacionadas con la libre circulación de personas. Se estudia la controvertida Directiva 2008/115/CE en su  artículo 15; junto con la posibilidad de Internamiento, su prórroga; las obligaciones de la autoridad administrativa o judicial, el control jurisdiccional; la falta de documentos de identidad de un nacional de un tercer país y los obstáculos a la ejecución de la resolución de expulsión; la existencia de perspectiva razonable de expulsión y falta de cooperación así como la obligación eventual del Estado miembro de expedir un documento provisional sobre el estatuto del interesado.

La Sentencia, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara en parte dispositiva, lo siguiente:

1)      El artículo 15, apartados 3 y 6, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, en relación con los artículos 6 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que toda decisión adoptada por una autoridad competente, al término del período máximo de internamiento inicial de un nacional de un tercer país, sobre la continuidad de dicho internamiento debe adoptarse mediante un acto escrito en el que se indicarán los fundamentos de hecho y de Derecho que justifican esa decisión.

2)      El artículo 15, apartados 3 y 6, de la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que el control que debe efectuar la autoridad judicial que decide sobre una solicitud de prórroga del internamiento de un nacional de un tercer país debe permitir a dicha autoridad pronunciarse en cuanto al fondo en cada caso acerca de la prórroga del internamiento del nacional, de la posibilidad de sustituir el internamiento por una medida menos coercitiva o de la puesta en libertad del nacional, de modo que dicha autoridad está facultada para basarse en los hechos y pruebas presentados por la autoridad administrativa que formule la solicitud, así como en los hechos, pruebas y observaciones que se le presenten, en su caso, en ese procedimiento.

3)      El artículo 15, apartados 1 y 6, de la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual un período inicial de internamiento de seis meses puede prorrogarse por el mero hecho de que el nacional del tercer país carezca de documentos de identidad. Corresponde exclusivamente al tribunal remitente llevar a cabo una apreciación en cada caso de las circunstancias fácticas del asunto con el fin de determinar si puede aplicarse con eficacia a dicho nacional una medida menos coercitiva o si existe riesgo de fuga.

4)      El artículo 15, apartado 6, letra a), de la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que cabe considerar que un nacional de un tercer país que, en circunstancias como las del litigio principal, no ha obtenido un documento de identidad que habría permitido su expulsión del Estado miembro en cuestión ha incurrido en «falta de cooperación» en el sentido de dicha disposición únicamente si del examen del comportamiento de ese nacional durante el período de internamiento resulta que no ha cooperado en la ejecución de la operación de expulsión y que es probable que dicha operación dure más de lo previsto debido a ese comportamiento, extremo que corresponde comprobar al tribunal remitente.

5)      La Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que no puede obligarse a un Estado miembro a conceder un permiso de residencia autónomo u otra autorización que confiera un derecho de estancia a un nacional de un tercer país que carezca de documentos de identidad y no haya obtenido tales documentos de su país de origen, después de que un juez nacional haya puesto en libertad a ese nacional por haber desaparecido la perspectiva razonable de expulsión en el sentido del artículo 15, apartado 4, de esa Directiva. Sin embargo, en ese caso, el Estado miembro deberá proporcionar a dicho nacional una confirmación escrita de su situación.

 Los analístas consideran que frente a lo que había venido sosteniendo el Tribunal hasta el momento, la Directiva 2008/115/EC  (la Directiva de Retorno, o de Expulsión) muestra su auténtica cara, al fijar la Corte unos criterios vinculantes a la hora de proceder a la detención, prórroga de detención o expulsión de nacional de terceros-países en situación de estancia irregular. Es más, establece que como deben (tienen que) actuar autoridades administrativas y judiciales en los casos en los que esos terceros Estados no cooperen, y no pueda por ello establecerse la identidad de la persona, con lo que no sería dable la expulsión. El punto más controvertido es aquel que señala que, el Estado miembro no está en modo alguno obligado a conceder permiso de residencia al ciudadano extranjero irregular que no se ha podido expulsar de la Unión por falta de cooperación dolosa de su país de origen.

Así… no se puede aplicar la Directiva de Retorno (o expulsión) a estos ciudadanos de terceros países, pero si permanecen en la Unión, el Estado miembro no tiene por qué concederle permiso para residir.

Realmente … severo.

Os completo lo expuesto con un excelente post de autoridad en la materia (en inglés), Niovi Vavoula.

 

Directive 2008/115/EC on the returns of irregular migrants (or, less neutrally, ‘illegally staying third-country nationals’) has been the subject of fierce criticism and not without good reasons. In an attempt to make the legal framework clearer, the Court of Justice of the European Union (CJEU) has been called to interpret its provisions on numerous occasions (such as Kadzoev, El Dridi, and Achughbabian).

 

In particular, with regard to Article 15 on the detention of irregular migrants prior to their removal the Court has so far explained how the period of detention should be calculated and when there is a ‘reasonable prospect of removal’ (Kadzoev); it has precluded the incarceration of irregular migrants during the return process on the sole ground that they remain on the territory of a Member State even though an order to leave exists (El Dridi), and it has attempted to strike a balance between the right to be heard and the efficiency of the administrative procedure to extend the period of detention (G & R).

 

 

In the past few months one has witnessed the re-emergence of the issue of pre-removal detention. The judgment in the case of Mr. Mahdi, released on the 5th June 2014 by the Third Chamber, is central in this regard and raises mixed feelings. On the one hand, the Court provides the national authorities with important guidelines with a view to ensuring –at least to a certain extent- the right of irregular migrants to effective remedies. On the other hand, it seems to lack inspiration when dealing with harder questions that require a constructive approach beyond the mere replication of the provisions of the Directive.

read more Detention of irregular migrants – The Returns Directive shows its true colours in Mahdi (C-146/14 PPU).

Acerca de Manel

Magistrado con veinte años de experiencia en materia penal y Derecho de la Unión Europea.

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