Cláusulas abusivas, tasas judiciales y Tribunales especializados. La posición del TJUE.

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Se trata únicamente, por la premura de tiempo y la cierta relevancia, de hacer una breve reseña de la Sentencia Tribunal de Justicia Unión Europea (Sala Tercera) (Luxemburgo) dictada en fecha 12 de febrero de 2015. El Asunto C-567/13 (Baczó y Vizsnyiczai) viene a resolver cuestión prejudicial planteada por Fővárosi Törvényszék (Hungría) en el marco de un litigio entre Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai contra Raiffeisen Bank Zrt.

Hechos

Los demandantes solicitaron ante el Tribunal competente por razón de territorio la declaración de nulidad un contrato llevado a cabo por condiciones generales. Sin embargo, el derecho procesal húngaro establece que la competencia para conocer de cláusulas abusivas viene está atribuida al Tribunal (superior) provincial, a no ser que el consumidor-demandante la alegue como excepción. Esto conlleva, a su vez la necesidad de tener que pagar tasas judiciales más elevadas, con independencia incluso de la cuantía indeterminada de la reclamación.

En estas circunstancias, el Tribunal local decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una serie de cuestiones.

Cuestiones planteadas al Tribunal

  1. ¿Perjudica al consumidor el procedimiento judicial en el que el demandante en un litigio ante el tribunal local a fin de que se declare la invalidez de un contrato (en este caso, condiciones generales de la contratación), también solicita, en su demanda, que se declare abusiva una cláusula del contrato objeto del litigio, determinando con ello la competencia de otro Tribunal, el Tribunal provincial (törvényszék). Así, en el litigio iniciado por la otra parte contratante, el consumidor puede invocar ante el Tribunal local el carácter abusivo de una cláusula contractual, mientras que la remisión al Tribunal provincial grava al consumidor con tasas de mayor importe.
  2. ¿Se equilibraría la situación si el consumidor también pudiera invocar, en el procedimiento iniciado por él ante el Tribunal local para que se declare la invalidez del contrato, el carácter abusivo de determinadas cláusulas de éste, sin que por ello dejara de ser competente el mismo Tribunal local.

Argumentos de la Sentencia TJUE

El TJUE argumenta que la Directiva 93/13 no contiene ninguna disposición expresa que determine el tribunal competente para conocer de las demandas de los consumidores que tengan por objeto que se declare la invalidez de tales cláusulas abusivas, reconociendo el TJUE la autonomía procesal de los Estados miembros, pero el ordenamiento procesal no debe hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión Europea (sentencias, C-268/06, asunto Impact o  la referente a la Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, C-413/12).

La designación de Tribunales provinciales como competentes no es necesariamente perjudicial, pues su menor número su mayor rango respecto de los Tribunales locales, puede favorecer una administración de la justicia más homogénea y especializada en los asuntos que versan sobre las normas que emanan de la Directiva 93/13, sin que el tener que hacer frente a tasas más elevadas viole necesariamente el principio de equivalencia ignorando las ventajas citadas.

Decisión del Tribunal de Justicia

El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma procesal nacional en virtud de la cual un tribunal local, competente para conocer de la acción de invalidez de un contrato de adhesión ejercitada por un consumidor, carece de competencia para conocer de la pretensión de dicho consumidor de que se declare el carácter abusivo de cláusulas contractuales contenidas en ese mismo contrato, salvo que resulte que la inhibición del tribunal local conlleva inconvenientes procesales que pueden dificultar excesivamente el ejercicio de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión Europea confiere al consumidor. Incumbe a los tribunales nacionales realizar las verificaciones necesarias al respecto”.

Los efectos de este sentencia en el resto de la Unión, está por ver. Sobre todo en España, en cuanto a la situación de tasas y la determinación de lo gravoso que puedan ser para el consumidor por el Tribunal en concreto.

Acerca de Manel

Magistrado con veinte años de experiencia en materia penal y Derecho de la Unión Europea.

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